Magaldy Téllez
Universidad Central de Venezuela
En el relato general del taller de seguimiento de la Conferencia Mundial de Educación Superior (1998), realizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, en junio de 2003, se destacó el acuerdo unánime de más de 180 países participantes en dicha conferencia sobre la declaración del conocimiento como un bien social, al igual que la asunción de los acuerdos de la misma como orientaciones esenciales para sustentar la educación superior en América Latina. Entre otras razones, porque tales acuerdos impulsan a las instituciones universitarias a trabajar con criterios de pertinencia y relevancia para llevar adelante proyectos sustentables en los ámbitos de la defensa y enriquecimiento de nuestras culturas. Asimismo, dicho relato destaca que es preciso asumir “que la educación en general y la superior en particular, son instrumentos esenciales para enfrentar los desafíos del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y abierta, basada en la solidaridad, el respeto de los derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la información”.
Se trata de cuestiones de las cuales hemos de hacernos cargo los universitarios y las instituciones universitarias en el ejercicio de su autonomía, de su pertinencia y responsabilidad social que, sin duda, no son evaluables por el mercado que engulle el conocimiento como una mercancía y no como un bien social.
Se destaca, pues, la necesidad de que estas instituciones intervengan “activamente en los procesos de integración cultural y educativa en la región”. Objetivo que reclama de los gobiernos asumir la educación en general y la universitaria en particular, “como una gran prioridad social, manteniendo las inversiones presupuestarias adecuadas”, y de las instituciones, su capacidad para “gestionar su propia transformación”.
Culmina el documento reafirmando: (a) el concepto de la educación superior como un bien social; (b) la apertura de la enseñanza universitaria “a todos, no siendo admisible ninguna discriminación fundada en consideraciones económicas o sociales”; (c) el reconocimiento de la importancia sin precedentes que ha adquirido la educación superior como condición fundamental para el desarrollo soberano en los económico y social, cultural y científico; (d) la irrenunciable responsabilidad del Estado en materia educativa; (e) la función esencial de la educación superior pública “en el equilibrio de las sociedades de América Latina, como fuente de innovación, creación y pensamiento crítico. Todo lo cual es imposible conciliar con las políticas centradas en el mercado”; (f) “el profundo rechazo que suscitan las políticas de la Organización Mundial del Comercio destinadas a favorecer la mercantilización de la Educación Superior con las consecuencias de abandono, por parte del Estado, de las funciones específicas vinculadas a la orientación y dirección en áreas de responsabilidad social y las referidas a la calidad y especificidad de la educación”.
He querido recoger ampliamente partes de este Relato, para mostrar que lo reafirmado en él, tiene resonancias en la Ley de Educación Universitaria, constituyendo dimensiones fundamentales de la misma en las que se traducen las perspectivas más progresistas de la universidad en cuanto a la democratización del acceso, el conocimiento como un bien social, la pertinencia y la responsabilidad social de las instituciones universitarias, como contrapartida a la lógica del mercado inherente a un modelo socio-político que produjo y sigue produciendo la exclusión social y la pobreza, como grandes heridas de nuestro país y del mundo en que nos ha tocado vivir.
Bien vale la pena convocar a una buena dosis de mesura, especialmente frente a un rechazo en bloque a la Ley de Educación Universitaria que, sin duda y por motivaciones nada académicas, impide ver que en ella se dibuja una resignificación de la universidad como espacio público. Un cambio discursivo y una herramienta legal nada desdeñable, cuando sabemos que desde hace tiempo los intereses privados se han instalado sin cortapisas, imponiéndose como algo irreversible.
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